Las ciudades y su gente
Por Luz Elena Picos
En esta difícil época que se vive en el mundo, Baja California y en especial sus ciudades fronterizas, aunque ninguna está exenta en el estado, niñas, niños y adolescentes viven en constante peligro. La migración no detiene a padres y madres que por distintas razones deben abandonar sus hogares y países, cargando con el enorme compromiso de dar protección a sus hijos que incluso muchas mujeres traen en su vientre.
Según datos anunciados por la titular del Sistema DIF Estatal, hay alrededor de 90 orfelinatos o Casa Hogar para menores de edad. Y en ellos resguardan poco más de 3,000 pequeños que no tienen familia. Estas instituciones son las atendidas por Organismos de la Sociedad Civil, porque hay otras, por lo menos una en cada municipio, incluyendo San Felipe y San Quintín que cuidan a los menores migrantes.
Si bien es cierto la Ley de Asistencia Social Privada que regula a las instituciones sostenidas por el voluntariado, a partir del 2018 ha ido variando la conducta y actitud de las autoridades, responsables de proteger a la niñez. Sigue colocando a pequeños carentes de familia en esas instituciones, pero no se compromete a aportar con regularidad, ayuda económica para el sostenimiento general como es comida, atención médica, estudios, mínimamente.
Quienes tienen la responsabilidad absoluta y a quienes el gobierno les exige cuentas y hasta se da el lujo de cerrar instituciones, sin acelerar las investigaciones de supuestas faltas. En los últimos meses, por lo menos en Mexicali han cerrado 2 Casas Hogar sin que rindan un informe definitivo o se castigue si hay culpables. No se trata de que cierren los ojos ante posibles delitos, pero tampoco que se siga el procedimiento implantado por el Presidente de la República: elimina, cierra la institución porque hay corrupción o no sirve.
Y en esto de no cumplir la Ley, los propios obligados a hacerlo como son las autoridades, a estas nadie les exige cuentas. El hilo se rompe por lo más delgado: los directivos, el voluntariado que atiende en esas instituciones, que deberían ser solventadas económicamente por las propias autoridades. Y si hay duda de ello, que se pongan a leer la ya mencionada Ley de Asistencia Social Privada, amplia, completa, definitivas, bastaría con solo ver el artículo 7 y sus incisos que cada uno inicia con palabra que convoca compromisos: elaborar planes de acciones, facilitar, gestionar, promover, apoyar.
En la educación de los niños, niñas y adolescentes, en el cuidado integral para su correcto desarrollo, a falta de padres, son los distintos gobiernos quienes tienen la obligación de atenderlos. Pero por lo pronto y desde hace muchos años, el voluntariado que pertenece a los Organismos de la Sociedad Civil está absorbiendo esas necesidades.
Es tiempo que los gobiernos, actúen como coadyuvantes y no fiscales de esos grupos de personas que no hoy sino desde hace varias décadas atienden con esmero a los infantes.
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