Las Ciudades y su Gente
Por LUZ ELENA PICOS

Si se nos pide identificar cuál es el problema más grave que tenemos en la frontera norte de México, quizá responderíamos que “la migración”. Sin satanizar a las personas que ya tenían a Tijuana, como ciudad trampolín para llegar a los Estado Unidos de América (EUA). La política impuesta por el presidente Donald Trump, no admite dudas. El longevo político llegó cumpliendo su dicho.
Para los Organismos de la Sociedad Civil de Baja California, no resulta novedad aportar dinero, esfuerzo, entusiasmo y comprensión para hacer lo imposible y tender la mano a los paisanos y a personas de otras naciones deportadas. Desde hace varias décadas la Orden de Hermanos Scalabrini fundaron Casa del Migrante de Tijuana. Más tarde otros organismos religiosos y de la sociedad civil fueron creando albergues para socorrer a migrantes.
En este momento hay en nuestro estado por lo menos 35 casas para migrantes y muchas personas que en lo individual, auxilian para la solución de sus necesidades. Hasta antes del 2018 el gobierno federal tenía destinado un presupuesto de ayuda para los migrantes. No era mucho pero servía para algunas necesidades. La obligación de las naciones para con los migrantes, data desde 1924 cuando la Sociedad de Naciones aprobó la Declaración de Ginebra.

Y más tarde en 1959 ya funcionando la Organización de Naciones Unidas (ONU) se adoptó el compromiso para con la población migrante que por distintos problemas eran obligados a abandonar sus países. A la fecha son 196 Estados miembros de la ONU los que firmaron el compromiso de respetar dicho documento.
Y por si esto no fuera suficiente, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo Primero reconoce de manera amplia, sin excepción, el derecho de toda persona originaria o migrante, de gozar de los derechos reconocidos por el Estado Mexicano que se menciona en la Constitución y en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país.
A la población migrante, independiente de su condición jurídica en este país, le son reconocidos todos los derechos que el resto de las personas. Incluyendo el respeto irrestricto de los derechos humanos. Esto último es uno de los principios en los que se sustenta la Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 2011.
Los Organismos de la Sociedad Civil como lo han hecho en el pasado, seguirán cumpliendo con su compromiso de atender, en lo posible a las personas migrantes nacionales e internacionales. Con la confianza de que las autoridades de los tres niveles de gobierno, sabrán apoyar y respetar esa colaboración para dar seguridad a quienes por necesidad, abandonaron sus hogares.*
Aunque lo ideal es que los organismos internacionales convenzan a las naciones expulsoras de su gente, el deber de proteger y crear las condiciones de seguridad para que no tengan necesidad de abandonar sus hogares o sus naciones.
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