Las ciudades y su gente
Por: Luz Elena Picos
Usted cree que los problemas sociales, puedan ser resueltos en su totalidad por los gobiernos sean federal, estatal o municipal? Ya se sabe que los impuestos se dedican a cubrir gastos del sector gobierno. Pero… ¿les alcanza? Se vio que con motivo de la terrible e interminable Pandemia, en los centros hospitalarios oficiales, llegó un momento en que la ciudadanía tuvo que acercar ayuda en especie (cubre bocas, guantes, equipo protector, entre otras cosas) para los esforzados trabajadores de la salud.
Los distintos gobiernos de México que tomaron la responsabilidad a partir del 2018, (no nos cansaremos de repetirlo) llegaron con la idea de que los Organismos de la Sociedad Civil no eran importantes en su labor de servicio a las comunidades. Sin investigación previa, iniciaron con la descalificación. Y ahí están, esos grupos de voluntarios, en lugar de retirarse a sus hogares, con enormes esfuerzos, en lo posible, cumplen con los objetivos que les impulsaron a crear sus instituciones.
En el Congreso local, durante años se trabajó en redactar leyes. A partir de que la sociedad organizada hizo valer su derecho a opinar y los legisladores no tuvieron más remedio que escuchar, se empezó a ver el trabajo conjunto de ciudadanía con sus legisladores. Inmediatamente se vio que las instituciones ciudadanas reguladas, garantizaban el bien actuar, al cumplir con la legislación correspondiente.
Citemos el ejemplo de los Centros de Rehabilitación de Adicciones; al publicarse la ley respectiva en 1995, ponía énfasis en atender esa enfermedad, con el fin de que ya curados, se reintegraran a sus familias y por supuesto a la sociedad. Desde el artículo inicial, mencionaba sobre el respeto a la dignidad de la persona enferma. Esa Ley se amparaba en la Constitución del estado, en la Ley de Salud Pública y en la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.
En estos últimos tres años, los gobiernos federal y del estado, se asumen como únicos en atender este problema público de las adicciones y alcoholismo. Ignorando el trabajo y los resultados que han tenido los Centros de Rehabilitación que la misma Ley menciona en el Artículo 2. “El Estado y la Sociedad asumen la tarea de brindar oportunidad de rehabilitación y Reintegración a la vida productiva a personas con problemas de drogas y alcoholismo mediante la creación de centros de Rehabilitación y Capacitación que otorguen tratamiento y atiendan los aspectos físicos, mentales y sociales, en forma conjunta…”.
Además la Ley compromete a los gobiernos de Baja California a que otorguen a los Centros de Rehabilitación fundados por los Organismos de la Sociedad Civil, asistencia técnica y financiera (con profesionistas de la salud y con dinero). Compromisos que ahora ya no se cumplen, aunque a las instituciones se les siga exigiendo todo tipo de registros, permisos y la contratación de los profesionistas necesarios para cuidar la salud y conducta de los internos en albergues.
Quizá a los que están en el sector gobierno, la realidad les haga cambiar de actitud.
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