Las ciudades y su gente
Luz Elena Picos
Hasta el 2018 había una buena relación entre los distintos gobiernos de la república y los Organismos de la Sociedad Civil o No Gubernamentales, como se identificaba en los documentos oficiales. No es que fuera perfecta la relación, pero en cierta medida se cumplía esto que llaman “gobernanza” y que permitía el trabajo de esos sectores en favor de los grupos marginados o el fortalecimiento de áreas del desarrollo social, como deporte, cultura, ecología, derechos humanos.
Baja California sin presumirlo mucho, era un ejemplo en la República de esa convivencia. Por eso fue posible en marzo del 2001, después de varios años, que el congreso local aprobara la Ley de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social y en el 2010 con la publicación en el Periódico Oficial del Reglamento Municipal de Tijuana, se diera vida al único -en todo México- del Consejo Municipal de los Organismos de la Sociedad Civil (COMOSC).
En el momento en que las nuevas autoridades que inician su responsabilidad en el 2018, se desconocieron a los OSC y los derechos que habían adquirido gracias a su esforzado trabajo de muchos años. El COMOSC era el espacio de encuentro entre la sociedad y el gobierno municipal, representados por funcionarios en el órgano colegiado y los ciudadanos, se seleccionaban por un proceso democrático entre los 16 rubros que incluye el trabajo del voluntariado.
El COMOSC tenía el derecho a participar en la planeación, promoción y ejecución de las políticas en materia de Bienestar y Desarrollo Social. Eso permitía fomentar la comunicación y el intercambio de experiencias de trabajo entre los OSC del municipio y del Estado. Tenían el derecho de participar en el diseño de las políticas públicas en esa área del Bienestar y Desarrollo Social.
Era la auténtica “gobernanza” que se perdió con los funcionarios bisoños que dijeron: “no vamos a compartir el poder”. No lo quisieron analizar a profundidad, pues no era “el poder” lo que se compartía, sino la obligación de coadyuvar con sus autoridades, con el derecho, eso sí, de los OSC, de conocer los convenios para la operación de programas, obras o servicios públicos. Además de asesorar y apoyar a las organizaciones que lo requieran. También aprobar, coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas relacionados con el Tercer Sector.
Todos esos grupos cumplían requisitos, especialmente en la rendición de cuentas, para estar integrados al directorio municipal y tener el derecho de ser electos consejeros ciudadanos, para velar por el bien de las comunidades municipales, en especial de los grupos más necesitados. Toda esa fortaleza se perdió por la incomprensión de los funcionarios públicos. Por supuesto el voluntariado sigue trabajando. El problema es que las necesidades se han multiplicado y los gobiernos no aciertan con las soluciones.
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